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Las megabandas armadas que causan terror en la parroquia La Vega, una zona popular del oeste de Caracas, obligan a nuevamente a los vecinos a “tirarse al piso” para protegerse.

En la zona, aledaña a la Cota 905, una carretera que conecta a varias parroquias del sur de Caracas y que todos ubican como centro de operaciones de una de las bandas delictivas más consolidadas de la capital, desde hace meses, al igual que el agua o el gas, escasea la paz.

“Vivir este día a día es algo inexplicable, es vivir con miedo. Ya no sabes si el temor es por el malandro o por el policía. La inseguridad la tenemos hasta dentro de nuestros hogares, hemos tenido muchas personas conocidas que han muerto por balas perdidas”, relata Mónica vía telefónica a VOA tras suspender dos visitas ante la situación en la zona.

“Nos tenemos que tirar al piso, porque las detonaciones son tantas y tan fuertes que uno ya no sabe ni siquiera dónde son, porque son los cuatro puntos cardinales de donde ellos disparan. Es algo inaudito, inexplicable. Aquí han tirado hasta granadas”, cuenta.

Pero ¿por qué las balaceras? No hay información oficial y en la comunidad no lo tienen claro, pero creen que pudiese ser por enfrentamientos entre bandas o que sus integrantes disparan al aire para demostrar su poder.

Esta habitante de La Vega, que accede a narrar su testimonio siempre y cuando se proteja su identidad, dice que durante años la policía resguardaba a la comunidad, pero “ya no”. Afima que cuando las fuerzas de seguridad intentan ingresar quieren “hasta arremeter contra la misma comunidad”, por lo que dice no saber quién los resguarda.

“La policía entra supuestamente a combatirlos, pero al ellos entrar esto agarra como más fuerza, es cuando más comienzan a disparar”, manifiesta.

Los antecedentes

En 2013, sectores del gobierno promovieron las denominadas “Zonas de Paz”, un programa que despejaba ciertas áreas de la presencia de funcionarios policiales y/o militares en ejercicio de sus funciones.

“Lo que ocurrió es que el Gobierno terminó fomentando y fortaleciendo a las bandas criminales que eran los sistemas más poderosos dentro de las áreas de despeje”, explica Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen.

Para Mayorca, el programa de “Zonas de Paz” fue concebido “sin una verdadera intención de fomentar la formación de tejido institucional”.

Posteriormente, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una serie de operativos policiales que comenzaron a desplegarse a mediados del 2013 y que, según el gobierno, han marcado un descenso constante de la delincuencia en el país, marcó otro capitulo de violencia en Venezuela.

“Las OLP estaban inspiradas en modelos de acción que se habían aplicado en favelas de Río de Janeiro, pero también en comunas de Medellín. En esos casos, al principio, había una fase de tomas compulsivas del territorio, en procesos que en algunos casos dejaba muchos muertos, una presencia de policía militarizada muy fuerte, pero después estos procesos de toma compulsiva daban paso a otros de consolidación institucional. Esto no sucede en las OLP venezolanas”, añade el especialista.

“El interés no era fomentar el tejido institucional sino hacer parecer que se hacía algo en materia de seguridad ciudadana. Simplemente estaban atendiendo a lo que era un clamor de la población acogotada por la inseguridad que el propio régimen había creado”, sostiene Mayorca.

Se trata de operativos que han generado innumerables denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Incluso, en el informe publicado posterior a su visita a Venezuela en 2019, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo referencia a “casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad” en el contexto de operaciones de seguridad.

¿Cómo son las bandas?

Con el paso del tiempo las bandas criminales que operan en zonas populares de la capital venezolana fueron cambiando hasta convertirse en estructuras “más sólidas, con un liderazgo y una jerarquía bastante clara”, que les han permitido perdurar en el tiempo, explica Ronna Rísquez, periodista investigadora, especialista en violencia policial, DDHH y crimen organizado.

“En este momento las dos principales mega bandas que operan en Caracas son las de El Coqui en la Cota 905, que tiene más de 300 hombres y que controla 5 parroquias de la ciudad. No la lidera El Coqui realmente, la lidera un sujeto apodado alias Vampi que es el jefe; y la banda de El Wilexis en Petare que tiene unos 100 hombres aproximadamente”, precisa.

Rísquez explica que el control territorial es una de las principales características de estas mega bandas y, en esa medida, hacen una serie de negocios “ilícitos y lícitos, quizás también”, logrando establecer nexos de apoyo y ayuda con las comunidades, algo que puede llamarse una forma de “gobernanza criminal”.

“Así como cometen delitos y hacen cosas atroces, también se convierten en una especie de benefactores de las comunidades, los ayudan dándoles comida, medicamentos, ayudas económicas a las familias que lo necesitan. Comienzan a tener unos roles similares a los roles del Estado para dirimir diferencias vecinales”, detalla la especialista.

Rísquez acota que los delitos son diversos, “en este momento el secuestro no es el principal, en algún momento lo fue, en este momento la extorsión es el delito más importante que desarrollan estas bandas”.

También están armados con fusiles “AK-103, AR-15, pistolas automáticas y granadas”. Muchas de las armas “pertenecían a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por diversas vías han llegado a estos grupos delincuenciales”.

Tratamiento selectivo

A juicio de Mayorca el gobierno “mantiene un tratamiento selectivo hacia los distintos grupos criminales”.

“Lo pudimos ver con gran evidencia durante la ejecución de las OLP, pero ha continuado con posterioridad que el régimen no ha dejado de matar a través de sus cuerpos de seguridad. Cuando uno busca cuáles son las personas contra las que van, en casos de supuesta resistencia a la autoridad, nos damos cuenta de que va con mucha fuerza contra determinados criminales, pero a otros no los toca”, expone.

Mayorca considera que el gobierno es “profundamente contradictorio” y que no puede entenderse como una “unidad monolítica” debido a que no permitiría entender “las idas y venidas” en el tratamiento de determinados temas, uno de ellos el de la seguridad ciudadana.

En abril, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), dijo que se estaba haciendo un “estudio de alto nivel para ir a las conversaciones para que este grupo de personas depongan de su actitud hostil”.

“Un proceso de conversación con esta organización criminal que está ahí instalada para que, en principio, depongan su actitud y entreguen las armas”, dijo en su programa radial transmitido también en sus redes sociales.

Al menos 11.891 muertes violentas se registraron en Venezuela durante el 2020 según el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que continúa ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas.

De acuerdo al texto, de las 11.891 muertes violentas, 4.231 ocurrieron con el argumento de “resistencia a la autoridad” y, en comparación con el 2019, cuando se produjeron unas 16.506 muertes violentas, en 2020 hubo una “importante disminución” como consecuencia de la migración masiva de venezolanos.

Según Monitor de Víctimas, solamente en casos asociados a bandas armadas en Caracas en 2020, registraron 70 muertes por ajuste de cuenta o venganza y 92 casos de muertes vinculadas con robo.

Recientemente el fiscal del gobierno venezolano, Tarek William Saab, cuestionó la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo policial Bachelet pidió disolver por estar implicada en violaciones a los derechos fundamentales de muchos venezolanos.

*Por solicitud de la entrevistada, utilizamos un seudónimo para proteger su identidad.

Con información de Voz de América

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