MSc. Danilo González Castillo

Es imprescindible comenzar el año con uno de los temas mas debatidos y que ha levantado mayor polémica en los recientes días, como lo es el llamado “Aborto Legal”, el cual fue aprobado en la República de Argentina, sumándose ésta nación a otras como en Canadá, Estados Unidos, Uruguay, los países de la antigua Órbita Soviética, Asia Oriental y casi la totalidad de los países de la Unión Europea, excepto Polonia y Malta. Sin embargo, los movimientos feministas que se han centrado la lucha de la despenalización del aborto continúan en su trabajo con la finalidad de lograr tal meta en mas países, siendo América Latina uno de los territorios mas plantados en la negativa ante tal exigencia.

Antes de tomar cualquier posición con esta polémica temática, es importante analizar el instrumento jurídico, comenzando con la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la cual expone en sus considerandos iniciales “…Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento…”, dejando de ante mano la obligación de los Estados de brindarle protección al niño desde su concepción por ser considerado vulnerable ante las acciones y/o decisiones de quienes se encuentran alrededor, naciendo en la precitada declaración el principio rector de protección al niño, niña y adolescente como es prevalecer en todo caso el interés superior del niño. Ante tal precepto jurídico se enfrenta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o al menos ésta es la normativa internacional evocada por todo los grupos feministas en pro del aborto legal; al plasmarse en la convención el derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción, lo cual es interpretado por los bloques pro-aborto como el derecho de toda mujer de decidir si desea ser madre o no, de no desearlo se entienda que esta en pleno ejercicio de su derecho a praticarse un aborto, siendo ésta premisa la propulsora de las luchas sociales que se han llevado en diferentes países con la finalidad de exigir a los gobiernos del mundo garantice el acceso a un sistema de salud publica y gratuita donde las mujeres que no deseen ser madres puedan interrumpir su embarazo.

Siguiendo el mismo hilo, surge la necesidad de analizar ambas posturas ya que para algunos analistas no se podria llamar niño o tratar como persona al feto no nacido, por cuanto carece de humanidad y por ende de derechos humanos, pero entonces esto ¿estaría en contra de lo indicado en la declaración universal de los derechos del niño al expresar que el estado le brindara protección tanto “ANTES como después de su nacimiento”?, ya que tal considerando le brinda humanidad al feto desde antes de su nacimiento, al punto de crearle una obligación a los Estados firmantes de brindarle protección especial por su vulnerabilidad, tal es así que la legislación venezolano, en el Código Civil vigente expresa en su artículo 17 “El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien…”, y ¿Qué mas oportuno para aplicar ésta premisa que cuando se trate de la interrupción de su nacimiento?.

Ahora bien, en cuanto a los derechos de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, con base en los plasmado en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, protege el derecho inequivoco de las mujeres a decidir sobre la autonomía y autodeterminación de su propio cuerpo, a la procreación, a la salud reproductiva, a informarse médica y adecuadamente sobre la reproducción humana, sin censura política ni religiosa, al acceso a los servicios sanitarios de salud reproductiva y de planificación familiar, el acceso a los métodos anticonceptivos como parte del sistema público de salud, incluso a escoger libremente la pareja sexual con quien desee procrear así como concertar libremente el matrimonio; al igual que el derecho de la mujer a no ser despedida por motivo de su embarazo, y el derecho a la baja maternal pagada. Viendo entonces que la mujer posee pleno derecho de ejercer su sexualidad y reproducción, pero en ningún momento a las féminas se les libera de la responsabilidad bajo la cual cualquier ser humano debe ejercer sus derechos a plenitud, ya que ser así la libertad se convertiría en libertinaje.

Ante todo esto, debemos ser consientes de que las luchas sociales para conquistar derechos no pueden ir en contra de los derechos de los otros, porque entonces estaríamos viviendo en un foza común donde pisar a nuestros prójimos se haría ley para poder ser liberados o reconocidos, es por ello que al afirmar que el aborto es un derecho sexual y reproductivo de la mujer, debemos reflexionar que hoy en día ninguno estaríamos acá si la libertad se hubiera confundido con el libertinaje y nuestras madres hubieran decidido interrumpir su embarazo, debemos preguntarnos ¿Es ahora acabar con la humanidad realmente un derecho humano?.

Teniendo en cuenta que el derecho de decisión que le asiste a la mujer sobre su reproducción y su cuerpo termina donde comienzan los derechos del no nacido, el cual debe poseer la protección social de los Estados desde el mismo instante de la fecundación, el aborto no puede considerarse como un derecho humano, ya que éste es una plena declaración de muerte prenatal, un acto puro de violencia que al ser legal y gratuito, convierte a la sociedad y a los gobiernos en cómplice de lo que podría representar un fin de la humanidad misma; jamás se debe considerar como un derecho quitarle la vida a un ser humano. Por tanto, bajo ninguna consideración deben ponderarse los derechos de un ser humano por encima del derecho a la vida de otro ser humano. La vida humana no se pondera, se respeta.

@NoEsCuestionDeSexo

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