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La Policía de Nicaragua arrestó a Juan Sebastián Chamorro, convirtiéndose en el cuarto aspirante presidencial de oposición detenido en los últimos días y el segundo con pocas horas de diferencia, elevando las reacciones internacionales contra el Gobierno de Daniel Ortega.

El arresto de este aspirante presidencial se suma a las recientes detenciones de otros tres aspirantes a la Presidencia: Arturo Cruz, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga.

Maradiaga fue citado al Ministerio Público a declarar, donde aseguró no conocer los delitos por los que se le acusan. Al salir del organismo, declaró ante los medios de comunicación, reiterando su intención de seguir en la carrera por la candidatura presidencial.

Minutos después, su vehículo fue interceptado por policías que, de acuerdo a testigos y su abogado Jorge Reyes, lo golpearon. Reyes también informó que varias de sus viviendas de Madariaga fueron allanadas casi de forma simultánea.

Por otro lado, Juan Chamorro tenía una citación similar para el miércoles en el Ministerio Público por una investigación contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), donde ejercía como director, pero no pudo acudir a la cita pues la noche de este martes fue allanada su residencia en Managua, por parte de la Policía y fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Su esposa, la empresaria Vicky Cárdenas, fue notificada de casa por cárcel.

Las autoridades nicaragüenses indicaron que estos actos corresponden con la “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1.055)” dónde se les acusa de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

Dicha Ley 1 mil 055 fue creada a finales de 2020 y elimina cualquier aspiración a cargos públicos a quienes la justicia nicaragüense considere «golpistas», un término que habitualmente usa el gobierno para atacar a opositores.

Un artículo de esta norma reza: Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política.

Policía arresta a otros dirigentes opositores

En otras acciones similares, la Policía Nacional nicaragüense también detuvo al economista José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula empresarial Nicaragua, así como a la dirigente opositora Violeta Granera.

Ambos fueron detenidos y acusados de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y pedir intervenciones militares. Aguerri fue llevado a las celdas policiales mientras Granera permanece en “casa por cárcel”.

Ante estas acciones, organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, así como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han acusado al Gobierno de Ortega de “fabricar acusaciones falsas contra opositores”.

Con información de Noticiero Digital 

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